Impulsan un programa de asistencia jurídica y financiera para consumidores sobreendeudados en Tucumán

El sobreendeudamiento de los consumidores constituye una problemática económica y social que puede comprometer la subsistencia de las personas y sus familias, lo que motivó la presentación de una nueva iniciativa parlamentaria en la Legislatura provincial. El proyecto, impulsado por el legislador Alfredo Toscano (foto inferior) y acompañado con la firma del radical José Cano, surge ante las dificultades que enfrentan los ciudadanos para conocer y utilizar efectivamente las herramientas legales de insolvencia. Tal como señalan los fundamentos del texto, los afectados "suelen enfrentar dificultades para identificar la totalidad de sus acreedores, reunir antecedentes contractuales, comprender las consecuencias patrimoniales de cada alternativa y acceder a asistencia profesional". Frente a este escenario, la propuesta busca crear un marco de contención y asesoramiento para promover la recuperación económica y social de los tucumanos afectados.

La iniciativa parlamentaria contempla la creación del Programa Provincial de Asistencia al Consumidor Sobreendeudado, el cual funcionará bajo la órbita de la autoridad provincial competente en materia de defensa del consumidor. El proyecto especifica que "serán beneficiarias de la presente ley las personas humanas domiciliadas en la Provincia de Tucumán que se encuentren en situación de sobreendeudamiento y cuyas obligaciones económicas comprometan significativamente su capacidad de pago y la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su grupo familiar".

Asimismo, la norma remarca que el acceso al programa "será voluntario" y que "su intervención tendrá por finalidad brindar orientación y asistencia para evaluar, cuando corresponda, los mecanismos previstos en la Ley Nacional N.° 24.522 (Concursos y Quiebras), sin constituir instancia previa obligatoria para el ejercicio de acciones judiciales". Entre las funciones principales del espacio se destacan la recepción de solicitudes, la orientación jurídica y financiera, la colaboración en la preparación de documentación y la facilitación del acceso al patrocinio letrado gratuito para quienes acrediten insuficiencia de recursos.

En su articulado, la propuesta también apunta a resguardar a los ciudadanos frente a prácticas desmedidas, al disponer que "la autoridad de aplicación brindará asesoramiento sobre los bienes e ingresos legalmente protegidos y recibirá denuncias por prácticas abusivas de cobranza, intimidaciones, hostigamiento o cláusulas contractuales contrarias a la legislación de defensa del consumidor".

Finalmente, los autores aclararon que la medida respeta estrictamente el marco constitucional vigente y destacan que "la iniciativa respeta las competencias constitucionales del Congreso Nacional en materia de concursos y quiebras, conforme a los artículos 75, inciso 12, y 126 de la Constitución Nacional, sin modificar los presupuestos ni los efectos previstos en la Ley N.° 24.522". De este modo, el texto concluye que se busca instrumentar "una herramienta provincial autónoma y complementaria de asistencia, que no condiciona el acceso directo a la justicia ni altera los presupuestos, efectos o competencias establecidos por la legislación concursal nacional".